Los presidentes del Segura, Ródenas, y el Tajo, Martínez, en el Consejo Nacional del Agua.
Cuando concluya se abordará un gran Pacto Nacional del Agua que garantice un suministro en cantidad y calidad suficientes y de una manera integral y solidaria en toda España
El Consejo Nacional del Agua, reunido en Madrid, ha informado favorablemente, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el plan hidrológico de la demarcación del Segura, último trámite administrativo antes de su elevación a Consejo de Ministros para su aprobación. También ha hecho lo propio con el del Tajo.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha presidido el Consejo y ha recordado que el actual Ejecutivo ya ha aprobado 13 planes de cuenca y ha avanzado considerablemente en la tramitación de los que aún están pendientes. De esta forma, en los primeros meses de 2014 estará ya completado el proceso de planificación, “tras volcar todo nuestro esfuerzo en los últimos dos años, y gracias a la colaboración y el trabajo constante con las Comunidades Autónomas”, ha afirmado. En concreto, tras la reunión en el la que el Consejo Nacional del Agua ha dado su informe favorable a los Planes del Tajo y del Segura (que se suma al informe favorable obtenido por el Plan del Ebro en el anterior Consejo), sólo restaría la aprobación definitiva de estos planes por parte del Consejo de Ministros y terminar de tramitar los planes hidrológicos del Júcar y de las islas Canarias (estos últimos de competencia autonómica) para culminar la planificación hidrológica de todas las cuencas de España tras “el intenso trabajo desarrollado desde 2012 para superar el retraso acumulado”, ha señalado el ministro.
En este punto, el ministro ha recordado que, aunque la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea fijaba en 2009 el plazo para terminar la planificación de las demarcaciones, a comienzos de 2012 el actual Gobierno sólo se encontró con un plan de cuenca aprobado (distrito fluvial de Cataluña). Este retraso puede suponer sanciones por parte de la UE a pesar de que “en poco más de dos años estamos haciendo lo que no fue capaz de hacer en ocho años el Gobierno anterior”, ha afirmado Arias Cañete. Tras la aprobación de todos los planes de cuenca, el objetivo del Gobierno es abordar un gran Pacto Nacional del Agua que garantice un suministro en cantidad y calidad suficientes y de una manera integral y solidaria en toda España. Resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contemple los acuerdos que figuran en este documento y materialice sus objetivos.
Por lo que respecta al Plan del Segura, el ministro ha valorado que el Plan define un régimen de caudales ecológicos basado en métodos eco-hidráulicos que contribuirán a mejorar el estado de las 85 masas de agua superficial naturales que define el plan así como las 63 masas de agua subterránea. Además, aboga por compatibilizar los intereses del sector agrícola con la protección y recuperación de los valores medioambientales de la cuenca y por mantener el regadío existente en la cuenca del Segura por su alto valor social y económico.
A juicio de Arias Cañete, “este nuevo proceso de planificación armoniza los planteamientos y necesidades de la cuenca del Segura, como receptora, y de la cuenca del Tajo, como cedente, a través de la garantía de permanencia del trasvase Tajo-Segura gracias al acuerdo alcanzado entre las cinco comunidades autónomas implicadas”. El Plan Hidrológico del Segura contempla unas inversiones de cerca de 3.600 millones de euros hasta 2027 y a financiar por todas las administraciones, para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de medidas.
Por último, el ministro ha destacado que, de forma paralela a la finalización de la actual planificación hidrológica, el Ejecutivo ya está impulsando el segundo ciclo (2015-2021), para acompasar la planificación de España al ciclo general que se desarrolla en el resto de los países miembros de la UE. El Consejo Nacional del Agua es el órgano asesor del Gobierno en esta materia. En él están representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades sin ánimo de lucro estatales.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha presidido el Consejo y ha recordado que el actual Ejecutivo ya ha aprobado 13 planes de cuenca y ha avanzado considerablemente en la tramitación de los que aún están pendientes. De esta forma, en los primeros meses de 2014 estará ya completado el proceso de planificación, “tras volcar todo nuestro esfuerzo en los últimos dos años, y gracias a la colaboración y el trabajo constante con las Comunidades Autónomas”, ha afirmado. En concreto, tras la reunión en el la que el Consejo Nacional del Agua ha dado su informe favorable a los Planes del Tajo y del Segura (que se suma al informe favorable obtenido por el Plan del Ebro en el anterior Consejo), sólo restaría la aprobación definitiva de estos planes por parte del Consejo de Ministros y terminar de tramitar los planes hidrológicos del Júcar y de las islas Canarias (estos últimos de competencia autonómica) para culminar la planificación hidrológica de todas las cuencas de España tras “el intenso trabajo desarrollado desde 2012 para superar el retraso acumulado”, ha señalado el ministro.
En este punto, el ministro ha recordado que, aunque la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea fijaba en 2009 el plazo para terminar la planificación de las demarcaciones, a comienzos de 2012 el actual Gobierno sólo se encontró con un plan de cuenca aprobado (distrito fluvial de Cataluña). Este retraso puede suponer sanciones por parte de la UE a pesar de que “en poco más de dos años estamos haciendo lo que no fue capaz de hacer en ocho años el Gobierno anterior”, ha afirmado Arias Cañete. Tras la aprobación de todos los planes de cuenca, el objetivo del Gobierno es abordar un gran Pacto Nacional del Agua que garantice un suministro en cantidad y calidad suficientes y de una manera integral y solidaria en toda España. Resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contemple los acuerdos que figuran en este documento y materialice sus objetivos.
Por lo que respecta al Plan del Segura, el ministro ha valorado que el Plan define un régimen de caudales ecológicos basado en métodos eco-hidráulicos que contribuirán a mejorar el estado de las 85 masas de agua superficial naturales que define el plan así como las 63 masas de agua subterránea. Además, aboga por compatibilizar los intereses del sector agrícola con la protección y recuperación de los valores medioambientales de la cuenca y por mantener el regadío existente en la cuenca del Segura por su alto valor social y económico.
A juicio de Arias Cañete, “este nuevo proceso de planificación armoniza los planteamientos y necesidades de la cuenca del Segura, como receptora, y de la cuenca del Tajo, como cedente, a través de la garantía de permanencia del trasvase Tajo-Segura gracias al acuerdo alcanzado entre las cinco comunidades autónomas implicadas”. El Plan Hidrológico del Segura contempla unas inversiones de cerca de 3.600 millones de euros hasta 2027 y a financiar por todas las administraciones, para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de medidas.
Por último, el ministro ha destacado que, de forma paralela a la finalización de la actual planificación hidrológica, el Ejecutivo ya está impulsando el segundo ciclo (2015-2021), para acompasar la planificación de España al ciclo general que se desarrolla en el resto de los países miembros de la UE. El Consejo Nacional del Agua es el órgano asesor del Gobierno en esta materia. En él están representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades sin ánimo de lucro estatales.
