En los últimos días, distintos medios informativos se han hecho eco del comunicado emitido por la Asociación Pro Río en el que pide que algunos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sean apartados de sus actuales funciones, argumentando que dichos funcionarios están “imputados” en el “proceso abierto sobre el robo del agua” y, por ello, “podrían estar dificultando la colaboración de este organismo con la Justicia”. La CHS debe aclarar lo siguiente:
1. Ninguno de los puestos de libre designación que figuran en el organigrama de la CHS están ocupados por funcionarios que aparezcan imputados en ningún procedimiento judicial.
2. En este organismo de cuenca no consta que ningún funcionario de la misma esté imputado por la Justicia en las diligencias que se están llevando a cabo como consecuencia de un informe emitido por don Emilio Valerio, fiscal del TSJ de Madrid.
3. Hasta el momento la CHS ha prestado la más leal colaboración al Juzgado nº 7 de Murcia en cuantas informaciones le han sido requeridas a propósito de las diligencias que está practicando en relación con el informe mencionado en el punto anterior y, desde dentro de la CHS, nadie está dificultando tal colaboración.
4. España, afortunadamente, es un Estado de Derecho en el que se respetan las leyes y los derechos que asisten a todos los ciudadanos, entre los que figura la presunción de inocencia de los mismos. Por tanto, quienes sí incurren en responsabilidad son aquellos que no tienen el decoro de respetar los mencionados derechos ciudadanos. La Constitución ampara a todos los españoles, incluyendo a los funcionarios de la CHS.
5. Cabría recordar que la Asociación Pro Río ya lanzó similares “imputaciones” con ocasión del proceso judicial por extracción de unos lodos en la Vega Baja, el cual se sustanció con una inequívoca sentencia favorable al funcionario de la CHS que estuvo implicado en aquel proceso. La Justicia proclamó su inocencia sin que, a pesar de lo cual, se tenga constancia de que la Asociación Pro Río haya pedido excusas por las acusaciones que de manera infundada había proferido contra dicho funcionario.
Murcia, 10 de diciembre de 2004
